Nueva ruta de navegación: Basilea III y los bancos colombianos

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Visión General

Tras la crisis financiera ocurrida en 2007, como consecuencia del desplome de las llamadas hipotecas sub-prime que trajo consigo efectos devastadores para el sector financiero a nivel mundial , el Financial Stability Board (FSB) y el G20 propusieron una serie de iniciativas de regulación bancaria, consolidadas en el tercer acuerdo del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, conocido como Basilea III.

Estas reformas, cuya última parte fue aprobada a finales de 2017 y que deberán entrar en vigor a nivel global en enero de 2022, implican una respuesta efectiva por parte de las organizaciones mediante el conocimiento profundo de su perfil de riesgo y una amplia comprensión de la estrategia comercial en general, con el fin no únicamente de cumplir con la normativa, sino de contar con las herramientas adecuadas para la identificación de nuevos caminos para el crecimiento y el éxito en un entorno cambiante.


En Profundidad

El objetivo fundamental de las directrices del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria es evitar una nueva crisis financiera global, y en caso que suceda, mitigar su impacto en la economía real mediante la implementación de medidas que aseguren la absorción de la crisis por parte de los bancos con fondos propios. Para tal fin, fueron implementadas medidas de fortalecimiento de la solvencia bancaria, mitigación del riesgo sistémico, mejoramiento de la resolución bancaria y minimización del costo del contribuyente; facilitando así la creación de herramientas que permitan reducir la exposición del sector financiero mundial a eventuales riesgos sistémicos.

En resumen, el acuerdo de Basilea III busca que las entidades financieras cuenten con capital de mayor calidad de tal forma que puedan responder de manera más efectiva a posibles crisis.

Para tal fin, uno de los aspectos más importantes definidos por Basilea III es elevar a casi el doble el ratio de capital que las entidades bancarias deben mantener, así como la integración del mismo con capital de mejor calidad representada en activos líquidos.

Así mismo, con el fin de mitigar riesgos sistémicos, Basilea III busca identificar aquellas entidades bancarias con debilidades, e interponer requisitos más estrictos que aseguren en mayor medida la absorción de posibles pérdidas.

Estos cambios representan un desafío para la rentabilidad de los bancos, que deberán hacer grandes esfuerzos para responder a las nuevas disposiciones.

El caso Latinoamericano

En América Latina, algunos países ya han implementado dichas recomendaciones. Países como Argentina, Brasil y Perú se encuentran en proceso de adopción de la norma con 2019 como fecha estimada de cumplimiento total.

Por su parte el gobierno chileno presentó ante el Congreso hacia junio de 2017, una propuesta de ley general bancaria, con el fin de alinear los bancos en el marco de las disposiciones de Basilea III.

En cuanto a Colombia, según Sergio Iván Torres, Vicepresidente de Líneas Financieras, de Aon Colombia “en el contexto latinoamericano, el país es uno de los más avanzados en temas de regulación financiera, ya que a medida que son postuladas mejores prácticas en el contexto de Basilea, la Superintendencia Financiera de Colombia trata de que sean implementadas rápidamente.”

En consecuencia, en el marco de la 52° Convención Bancaria realizada en julio de de 2017, la directora de Investigación y Desarrollo de la Superintendencia Financiera de Colombia, Juliana Lagos, anunció avances en materia regulatoria con énfasis en los requerimientos de capital exigidos por Basilea III, sugiriendo una implementación próxima. Sin embargo, como en el resto de los países de América Latina, la implementación de las disposiciones de Basilea III, con el fin de aumentar la disponibilidad de los bancos de capital de calidad, implica un cambio importante que permita que las instituciones bancarias colombianas puedan elevar el capital tangible, y que los analistas del mercado y las calificadoras de riesgo aprecien los importantes esfuerzos que el sistema financiero nacional está realizando con el fin de mejorar sus niveles de solvencia.

Sin embargo, tal implementación resulta ser un reto importante para el sector en la medida en que las calificaciones de riesgo en los últimos años han sido a la baja. Así, en 2016 las tres principales calificadoras de riesgo (Fitch Ratings, Moody’s y Standard and Poor’s) revisaron a la baja la calificaciones de las entidades bancarias colombianas, y en diciembre del 2017 Standard & Poor’s redujo nuevamente la calificación de los bancos nacionales aduciendo que, de acuerdo a su Análisis de Riesgo de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en inglés), el riesgo económico para el sector es muy alto, debido a que “captura el potencial deterioro del riesgo crediticio que se deriva de los crecientes desequilibrios económicos”.

En su informe, publicado en septiembre de 2017, aunque destaca las estrategias de crecimiento que han implementado los bancos comerciales colombianos, S&P asegura que el debilitamiento de la posición externa de Colombia hace que el sistema bancario sea más vulnerable a choques externos. Éste tipo de elementos afectan la calificación de las empresas, aunque no dependan de ellas. Sin embargo, aún hay medidas por implementar que son de total injerencia de las instituciones bancarias y que son tenidas en cuenta por parte de las calificadoras de riesgo.

Medidas a tener en cuenta para mitigar el riesgo

Una de las principales medidas dispuestas por Basilea III para la minimización del riesgo tanto operacional como el asociado a la calidad de las inversiones, promueve la creación de modelos de riesgo más eficientes al interior de las entidades y la implementación de medidas de contingencia en caso de fallo de los mismos.

Esto es posible por medio de la transferencia del riesgo mediante el aseguramiento, o su mitigación a través de consultorías que impacten de manera favorable la gestión de la entidad, e incluso su nivel de solvencia, entendiendo que, “el margen de solvencia es obtenido no solo mediante la ponderación de activos y pasivos, sino también por la forma en que son gestionados los riesgos. Y justamente, son las pólizas de seguro, los mecanismos permitidos para la ponderación y gestión de los mismos” asegura Sergio Torres.

Lo anterior tiene sentido considerando que mediante el uso de métodos avanzados de asignación de capital (AMA), y manteniendo seguros externos sobre pérdidas asociadas a Riesgo Operacional, es posible reconocer un efecto mitigador sobre dichos requerimientos de capital por éste riesgo de hasta máximo el 20%, de acuerdo a lo establecido por Basilea II.

Este tipo de medidas de respaldo seguramente incidirán en el proceso de certificación que realizan las empresas calificadoras, pues, a pesar que no es obligatorio cumplir las recomendaciones de Basilea III para tener grado de inversión, lo cierto es que la misma S&P, en su evaluación de casos como el chileno, ha dejado claro que, a largo plazo, la adopción de Basilea III podría ser positivo para las calificaciones de los bancos.